Los profesionales de la comunicación y las relaciones públicas realizamos una actividad recurrente que consiste en contactar periodistas para ofrecerles información sobre nuestros clientes.
Este trasiego de encuentros, llamadas y mensajes con los medios puede quedar reflejado de alguna manera, ya sea mediante informes o en bases de datos, incluso en CRMs.
También hacemos fichas de periodistas, en las que podemos incluir:
- Especialidad (si escribe sobre empresas, política, finanzas)
- Ultimas noticias publicadas sobre el cliente y su posicionamiento
- Presencia en redes sociales
- Datos de contacto
- Fotografía
- Resumen biográfico (si es público)
Es decir, recopilamos información que es accesible públicamente y le damos un formato específico para que pueda ser revisada por el cliente.
Las valoraciones sobre el posicionamiento de los periodistas puede ser lo más parecido a una especie de análisis de "inteligencia", pero ni mucho menos se puede equiparar a acciones de espionaje.
Todo esto viene a cuento por la polvareda levantada por la supuesta constitución de un CNI en Cataluña, ya que entre sus actividades está el seguimiento de políticos, periodistas y sindicalistas en redes sociales.
Una de las funciones que realizamos desde las agencias de social media es hacer este seguimiento de los stakeholders de nuestros clientes y aquí entran desde periodistas hasta sindicalistas, políticos, competencia, etc.
Las reglas de la comunicación y las relaciones públicas han cambiado y ahora cualquier persona que asuma una comunicación pública es susceptible de ser monitorizada a través de redes sociales... y no, no se trata de espionaje, ya que no la información que se obtiene no es confidencial, que es la verdadera acción de los espías.